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Surgen nuevamente pruebas que ensucian a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Salió a la luz una grabación en la que la actual Defensora de la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora Lidia Saya, se comunica telefónicamente con el reconocido proxeneta Carlos Morales Condomi en nombre de Gabriela Michetti a fin de sumarlo a los grupos de campaña del PRO.

Esta llamada fue grabada y de allí surge el siguiente video:

La ALAMEDA dio a conocer la escucha telefónica judicial. El mafioso, Carlos Daniel Morales Comini, que en ese momento se encontraba  prófugo de la justicia forma parte de una banda criminal que esclaviza sexualmente mujeres en privados del microcentro porteño con ramificaciones en el partido de San Miguel. La llamada es realizada desde el mismo despacho en la legislatura por la legisladora porteña por el PRO, Lidia Saya, quien se comunicó con el tratante de mujeres y proxeneta, Carlos Daniel Morales Comini (DNI 92635094), con el fin de sumarlo a la campaña electoral por pedido de Gabriela Michetti en ese entonces candidata a senadora nacional del PRO. “Mi nombre es Lidya Saya (hoy Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, ex legisladora porteña), la señora Gabriela Michetti (actual Senadora Nacional) me dio su teléfono por una nota que usted le envió a ella”, así empieza la escucha telefónica judicial del 30 de agosto de 2013 realizada al hoy procesado por trata de mujeres para prostíbulos, Morales Comini.

El apodado “Kali” o “Coco” prosigue la charla con algunas contradicciones y referencias poco claras. Habla del “club Saavedra de All Boys” (cuando este club, realmente se encuentra en Floresta). La actual defensora del pueblo porteña, designada por los miembros de la Legislatura donde ella mantuvo una banca por el PRO, lo invita a su despacho “para charlar, para ver como lo podemos sumar a los equipos de campaña que arrancan ahora”, y Morales Comini responde “buenisimo, buenisimo me pongo muy contento”. Y Saya le pregunta en que barrio está trabajando responde el mafioso “vivo en Villa Devoto (Tinogasta 5081, 1° piso 4, a mts de Bermudez a la vuelta de la carcel de Devoto, teléfono 4567-4798) y trabajo en el microcentro”. Entonces Saya lo invita a su despacho en la Legislatura. “Estoy todos los días porque tengo una pequeña oficina y manejo los tiempos asi que me encataría cuanto antes”. Ahí directo le pasa su oficina en el el 3 piso, oficina 321″ La escucha telefónica judicial fue requerida por el titular de la Alameda y legislador porteño del bloque Verde/Alameda, Gustavo Vera, al juez federal a cargo de la causa n° 382/13, Ariel O. Lijo, y su secretario Juan T. Rodríguez Ponte. La investigación judicial arranca el 18 de enero de 2013, cuando el fiscal Marcelo Colombo a cargo de la actualmente Procuradoría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (en adelante, P.R.O.T.E.X.), formuló una denuncia para que se investigue la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual (arts 145 bis y ter del Código Penal) en decenas de departamentos “privados” de la Capital Federal.

La denuncia surge a partir de la declaración de una testigo de identidad reservada después casi un año de investigación, en los que se intervinieron más de cien teléfonos, se realizaron tareas de inteligencia en más de diez oportunidades, se requirió información diversa a distintos organismos públicos y se acumularon más de una veintena de actuaciones vinculadas, el 26 de octubre del año en curso se realizó un total de cuarenta allanamientos simultáneos: 30 domicilios donde se explotaba la prostitución, una imprenta, un hotel, y ocho domicilios particulares de las personas investigadas contra las que se reunió suficiente prueba. Asimismo, se ordenó la detención sólo de aquellas personas que pudieron ser identificadas fehacientemente, y respecto de quienes existía prueba suficiente para vincularlos a los hechos de explotación verificados (ver, en este sentido, el auto de allanamiento de fs 2654) El resultado de los allanamientos arrojó un total de 54 víctimas y ocho detenidos Los lugares allanados eran de los denominados departamentos “privados” y en la mayoría se encontraron mujeres en situación de prostitución (hasta catorce mujeres por cada domicilio), hombres que se encontraban en el lugar como “clientes”, encargadas, custodios y volanteros. Entre el material secuestrado, se encontró diversa documentación que involucra a las personas investigadas y detenidas con cada uno de los prostíbulos.

Según cuenta el comunicado de La Alameda “Las víctimas fueron identificadas y asistidas por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, se identificó a quienes cumplían roles de encargados, seguridad, volanteros, para una eventual citación. Las condiciones de higiene en los domicilios allanados eran prácticamente nulas, sobre todo en aquellas áreas destinadas al uso exclusivo de las mujeres explotadas (cocinas, baños, habitaciones para dormir). A su vez, contaban con mobiliario precario, poco iluminados y escasos recursos sanitarios. Sin embargo, la mayoría tenía cámaras de seguridad, rejas y protecciones en puertas y ventanas y detectores de metales en las puertas de ingreso al lugar. Además, se encontró abundante folletería para distribuir en la vía pública, planillas de turnos, planillas de “pases”, un incesante ingreso de llamadas telefónicas y gran movimiento de clientes, lo que da fuertes indicios de que se trataría de una organización que operaría detrás de la administración de estos centros de explotación Asimismo, Maximiliano Castrillón, María Adelaida Caroso y Carlos Daniel Morales Comini al 12 de noviembre cuando se dictó el procesamiento seguían prófugos de la justicia. Quienes otorgaron la libertad a todos los cabecillas de estas bandas dedicadas a la esclavitud sexual con vínculos corruptos con políticos y policias fueron los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

“El 5 de diciembre de 2013 firmaron la eximición de prisión de Carlos Daniel Morales Comini, y el resto, Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler. El titular de la Alameda, que había denunciando en el 2009 y 2012 junto a otras ong’s, y legislador iniciara una presentación en la Legislatura por el juicio político a la actual defensora adjunta, Lidia Saya”.