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Una misión especial de la OEA  realizó, como lo hace todos los años, una revisión de las acciones que realiza el gobierno en cuanto al combate contra la corrupción.

El informe arroja como resultado importantes fallas que deberían (y recalco deberían) causar aunque sea preocupación en la Oficina Anticorrupción que tan calladamente regentea Laurita Alonso. Entre lo remarcado figura la falta de transparencia a la hora de contratar funcionarios; el proceso de adquisición de bienes y servicios del Estado; los sistemas para proteger a los funcionarios que denuncien actos de corrupción; la actualización de normas éticas, y el ordenamiento jurídico interno del país.

Como conclusión, instaron a “evitar la continuidad de contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales a título personal”, e insistieron en reclamar mayor transparencia a los actos del gobierno de Macri, ya que  “la implementación de los concursos públicos resulta ineficiente en los plazos pretendidos por la normativa, debido a la burocratización de los procesos o ineficiencia en la determinación de recursos”.-

Patty Mariño Issler