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Es Ley. Mientras nos entretenían mirando los enfrentamientos entre galgueros y proteccionistas, en el Senado se aprobaba la norma sobre la participación público-privada en obras de infraestructura.

En sencillo: la privatización de la obra pública. Con 43 votos a favor y 15 en contra la nueva ley instaura un régimen de participación público privada en la obra pública para el desarrollo de infraestructura.

En qué consiste? Las compañías privadas invierten en obras de gran envergadura teniendo como socio al estado, con una serie de regulaciones como formas de ejecución, sanciones por incumplimiento y obligaciones. A cambio el estado le cede a dicha empresa el usufructo exclusivo por 30 años como mínimo. También permite la norma que que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación “también puedan ser contratistas”, en competencia con las de capital privado. El privado tiene la potestad de realizar los cambios que considere necesario una vez iniciado el proceso de obra y tiene la postestad de transferir a un tercero, vender la licitación.

El proyecto tuvo sus devenires, pero fue en Diputados que le agregaron la cláusula mediante la cual se le exige a los privados el uso de un 33% de de participación de bienes y servicios de origen nacional. La sanción de esta ley había sido pedida por el Gobierno, que considera que funcionará como herramienta para atraer inversiones.-

Patty Mariño Issler