Otra preocupación para el Presidente Macri: por primera vez salieron a la luz desde que surgiera el escándalo internacional de los Panamá Papers, los vínculos entre el grupo SOCMA S.A. propiedad de la familia Macri y la compañía OMEXTIL S.A. radicada en el paraíso fiscal. Esta última aparentemente fue utilizada por los Macri para efectuar operaciones de autocrédito ilegales en los ochenta, cuando estaban en vigencia los seguros de cambio.
Esta información es aportada al fiscal federal Federico Delgado por el historiador e investigador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona(h), según publica Ámbito. Figura en el Registo Público de Panamá que OMEXTIL S.A. se incscribe el 23 de marzo del año 1981 por el estudio Icaza, González-Ruiz & Aleman con un inicial de apenas U$D 500. Hasta ahí nada raro, una más del montón de compañías similares que en la mayoría de los casos se utilizan para evadir impuestos o lavar dinero.
El primer vínculo entre ambas compañías es el bufete de abogados, que es el mismo que constituyera las otras offshore de la familia Macri (Cadocsa, Kagemusha y Fiat Automóviles Interamericana) lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades.
Cadocsa fue usada para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. En Kagemusha S.A., Mauricio y Franco Macri aparecen como directores. Fiat Automóviles Interamericana S.A. es una offshore asociada a la automotriz del Presidente.
Omexil fue creada el el 23 de marzo; Kagemusha el 11 de mayo, y Fiat el 16 de noviembre, todas en 1981. Cadocasa fue inscripta el 11 de mayo de 1971 y hoy está fue disuelta. Sideco Americana S.A. es del 10 de junio del mismo año.
“(Las fechas) revela una habitualidad del Grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de Cadocsa y Omexil S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985″, remarcó Olmos en el escrito entregado a Delgado.
