Todos tienen que ver con todos. En el caso de la Fundación SUMA, de la vice Gabriela Michetti, ahora la justicia requirió toda la documentación vinculada con la firma FARALLON, constructora que figura en la nómina de la Fundación SUMA como uno de sus sponsors. La empresa es propiedad de Eduardo Gutiérrez quien en este momento se encuentra procesado como testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López.
Ariel Lijo, el juez a cargo de la causa, puso en la mira a Gutierrez quien se cree que es el testaferro de Jose Lopez ya que una propiedad en Dique Luján que figura a nombre del empresario de FARALLON se cree (y se investiga) que realmente pertenece al ex funcionario detenido.
En el día de hoy continuarán tomando los testimonios de los aportantes a la Fundación de Gabriela Michetti.
Ya pasaron el arquitecto que realizó refacciones en la vivienda de la vicepresidenta, y dos contadores, con lo que quedó justificado el monto de $45.000 que se encontraba en su mesa de luz.
Guillermo Marijuan, el fiscal en la causa debió ampliar el requerimiento de instrucción debido a que los denunciantes, el abogado Leonardo Martínez Herrero y los dos legisladores del FPV ampliaron las denuncias, y apuntan a los aportantes de la ONG y a la serie de declaraciones contradictorias vertidas en el escrito de defensa presentado por la vicepresidenta, en la cual consiente haber esquivado la bancarización de los fondos y por ello no se había extendido el correspondiente recibo como regulan las normas de control al fondeo de las fundaciones.
Es por esto que dieron curso a las medidas complementarias, y requirió a Sergio Brodsky quien está a cargo de la IGJ, que “con carácter de urgente, remita a esta sede judicial los legajos correspondientes al Grupo Farallón SA y a la Fundación Pericles”
Patty mariño Issler
