Según publicó en su edición del día de ayer, viernes 27 el portal NEXOFIN, el Ministerio Público envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina un pedido de investigar al gobernador de la provincia de Corrientes Ricardo Colombi, por delitos que se encuadran dentro de la carátula de corrupción en relación a la adquisición de una vivienda de lujo ubicada en la intersección de las calles 9 de julio y Perú, en una privilegiada zona de la capital correntina.
Si bien hace poco el nombre del mandatario tomó notoriedad por intentar impedir personalmente un operativo antinarco ordenado por un juez federal de la Nación y ordenar a la policía provincial que encañonen y encarcelen a los policías santafesinos que cumplían esa orden, este no es el caso que nos atañe en esta ocasión. El presunto delito que provocó el pedido del Ministerio público tiene que ver con un inmueble valuado en más de un millón de dólares que fue registrado con una escritura con fecha 31 de noviembre de 2006 (siendo que el mes de noviembre sólo llega hasta el 30, ese día no existe) en un acto de cesión realizado por el monotributista Marcelo Laslo, quien realizaba tareas como administrativo en el PAMI local, lo cual desencadenó en una denuncia en la Justicia Federal y se abrió una causa por “enriquecimiento ilícito, incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, evasión agravada, falsedad ideológica, y abuso de autoridad”.
Luego, en otra causa en la que se investigaba a una Cooperativa de Créditos por lavado y evasión fiscal, en un allanamiento se hallaron cajas de seguridad no declaradas, una de ellas figuraba a nombre de Laslo, con bienes que tenían indicios de estar relacionados con el titular del Ejecutivo de la provincia de Corrientes, la cual gobierna hace 16 años.
Durante la gestión pública de Colombi, Laslo se compró al menos dos propiedades que luego cedió al gobernador. Lo que extraña no es la generosidad de Laslo, cada quien puede regalar sus cosas a quien quiera, lo que si extraña es la capacidad económica del monotributista para tamaños gestos de generosidad. Figura como monotributista clase “G” y está casado con la contadora María Elena Haddad, que también está imputada en la causa judicial. Haddad es integrante del Tribunal de Cuentas, el organismo que se ocupa de controlar las cuentas del gobierno. Es decir, quien es investigado por ser el testaferro del gobernador, está casado con quien debe controlar al mismo jefe provincial.
