La reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, con el respaldo del peronismo local, ha desatado una intensa polémica en Jujuy. Uno de los puntos más controvertidos de esta reforma es la criminalización de la protesta y el compromiso de no modificar las leyes relacionadas con los recursos naturales, permitiendo a las empresas extranjeras explotarlos de acuerdo a sus propios intereses.
En su campaña por la presidencia de la Nación, Gerardo Morales busca presentarse como un líder inflexible y resolutivo, incluso si eso implica reprimir con dureza a los ciudadanos de su provincia.
Sin embargo, detrás de esta situación hay un negocio multimillonario que Morales pretende asegurarse durante al menos tres décadas. Para lograrlo, se requieren modificaciones en la constitución provincial que garanticen a las empresas extranjeras que invierten en la explotación de litio que no se modificarán las reglas del juego, permitiéndoles seguir enriqueciéndose a expensas de los recursos naturales del país.
La provincia de Morales se lleva una gran parte de este lucrativo negocio de exportación de litio, y si esto implica sacrificar la vida de algunos jujeños, parece ser un precio que está dispuesto a pagar.
Además, el resto de Juntos por el Cambio ha expresado públicamente su respaldo a la represión, generando aún más controversia y descontento entre la población.
Esta situación plantea importantes interrogantes sobre los derechos de los ciudadanos, la protección de los recursos naturales y la relación entre el poder político y los intereses económicos en Jujuy. La represión y el negocio del litio se han convertido en temas centrales que demandan una reflexión profunda sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.
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