El Gobierno emprende un plan para reducir horas extras y adicionales que muchos empleados estatales cobran, a veces superando su sueldo básico. Esta medida ha desatado tensiones con los sindicatos, quienes señalan la insuficiencia salarial en el sector público.
Auditoría y Reducción de Contratos
El Gobierno está llevando a cabo una “exhaustiva” auditoría para revisar los sueldos de empleados estatales. Se han detectado casos donde hasta el 50% de los ingresos corresponde a horas extras y otros adicionales, generando sueldos desproporcionadamente altos.
Se mencionan casos como el de un agente con un sueldo básico de $178,225, pero cuya “compensación” adicional suma $162,000, resultando en un sueldo total de $473,000.
Plan Oficial y Preocupaciones
El objetivo del plan gubernamental es limitar los pagos de horas extras y otros suplementos para reducir el gasto. Sin embargo, los sindicatos expresan preocupación, temiendo una disminución de ingresos, especialmente en un contexto de alta inflación.
Los empleados estatales están inquietos por la posibilidad de ver reducidos sus ingresos. Existen quejas sobre la intención de hacer trabajar a los empleados más horas sin compensación extra.
Expectativas y Negociaciones
Los gremios estatales esperan que el Gobierno revise los despidos contemplados en el decreto 84 y están preparados para negociar ajustes salariales una vez se conozca el índice de inflación de diciembre. No obstante, advierten que cualquier aumento no será suficiente para compensar la pérdida de ingresos en este contexto económico.
En resumen, el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos estatales se intensifica por la reducción de horas extras y adicionales, planteando preocupaciones sobre la estabilidad financiera de los empleados públicos en medio de la inflación y los ajustes propuestos.
