Las propuestas de cambios en la Ley de Bosques, impulsadas por Javier Milei, apuntan a flexibilizar los requisitos para el desmonte. Eduardo Elsztain emerge como uno de los principales beneficiarios. Con Cresud, maneja más de medio millón de hectáreas en Argentina, y casi 300 mil de ellas podrían quedar expuestas al desmonte si las modificaciones son aprobadas. Las conexiones del empresario con Milei, aportante a su campaña, y su influencia en el gobierno generan controversia. Ambientalistas y expertos alertan sobre las consecuencias ambientales y las posibles sanciones internacionales.
Elsztain fue uno de los principales aportantes a la campaña presidencial de Milei. Ha mantenido una relación cercana con el actual presidente, incluso alojándolo en el Hotel Libertador durante varios días. La forma en que Milei ha compensado la estadía de Elsztain sigue siendo un misterio.
Tras la victoria de Milei, Elsztain obtuvo puestos clave en el gobierno.Por ejemplo la presidencia de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), entidad encargada de autorizar la venta de tierras públicas. Con fincas en la provincia de Salta, Elsztain posee tierras que podrían beneficiarse de las modificaciones propuestas a la Ley de Bosques.
La modificación a la Ley de Bosques, que busca flexibilizar las restricciones al desmonte, ha generado preocupación entre los defensores del medio ambiente. Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, advierte que esto podría comprometer el espíritu de la norma y poner en riesgo importantes áreas forestales.
En una exposición en el Congreso, el ambientalista Enrique Viale vinculó las modificaciones a empresarios específicos, incluido Elsztain. Viale también señaló a empresas con accionistas como Mauricio Macri y Luis Caputo. Además, advirtió sobre posibles consecuencias, ya que la Unión Europea ha establecido restricciones a la compra de productos provenientes de áreas deforestadas, lo que podría afectar las exportaciones argentinas.
La posible flexibilización de la Ley de Bosques no solo genera preocupaciones ambientales sino que también plantea riesgos de sanciones internacionales y pone de manifiesto las conexiones entre el poder político y empresarial en la toma de decisiones que impactan en el medio ambiente y la sociedad.
