El mega proyecto que elimina o modifica numerosas normas desafía a todos los bloques políticos, quienes estudian sus detalles. El plazo de aprobación hasta el 31 de enero ha generado preocupación por su tratamiento exprés.
El radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal analizan los puntos del proyecto. Han identificado algunos aspectos que consideran “invotables”.
Para el radicalismo, otorgar facultades delegadas al Congreso es inaceptable, ya que representa cerrar el Congreso y contradice posturas previas de rechazo a la delegación de facultades.
El segundo punto cuestionado es la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones. Consideran que la movilidad jubilatoria es un derecho constitucional y su suspensión carece de sustento.
Además, rechazan el aumento de retenciones a las economías regionales y productos derivados de la soja, aspectos que afectan sus lazos con el sector agrario y economías regionales.
El flamante bloque Hacemos Coalición Federal comparte preocupaciones similares, especialmente en cuanto a las retenciones, que afectan a provincias como Entre Ríos y Córdoba. También muestran desacuerdo con la privatización de empresas estatales, abogando por leyes separadas para cada caso y destacando la necesidad de evitar la discrecionalidad gubernamental.
Ambos sectores de la oposición podrían respaldar solo ciertos puntos del proyecto, buscando un consenso mínimo para alcanzar los 129 votos requeridos, postergando el debate sobre temas más controvertidos.
El desafío del Gobierno radica en su estrategia de aprobación en bloque, evitando negociaciones que prolonguen el trámite legislativo. La dinámica de “todo o nada” planteará una prueba de legitimidad para el Gobierno en las próximas cuatro semanas.
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