En una fuerte respuesta a las medidas del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, Naciones Unidas advirtió que el protocolo anti-manifestaciones y el capítulo de Seguridad de la Ley Ómnibus son contrarios a los estándares internacionales y no compatibles con los derechos fundamentales. Tres relatores especiales de la ONU instaron al gobierno de Javier Milei a revisar estas disposiciones, destacando que no deberían imponer “restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.
La comunicación de la ONU desglosa minuciosamente el protocolo, criticando cada artículo y subrayando que la criminalización de la protesta social a través del derecho penal es contrario a los estándares internacionales. También señala que la interrupción del tráfico no constituye violencia y que las fuerzas de seguridad solo deben intervenir si hay una amenaza inminente de violencia grave.
La ONU enfatiza que la libertad de reunión pacífica es un derecho fundamental y no un privilegio, desafiando la caracterización de Bullrich de las protestas como delitos flagrantes. Además, critican la identificación de manifestantes, organizadores y transportistas, ya que podría afectar la presunción de inocencia.
La comunicación de la ONU se produce después de denuncias realizadas por la CGT, las CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Los expertos de la ONU instan tanto al gobierno como al Congreso a reconsiderar estas medidas que atentan contra los derechos humanos y las libertades democráticas.
Este revés de Naciones Unidas destaca las preocupaciones internacionales sobre las acciones del Ministerio de Seguridad y plantea preguntas sobre la legalidad y la ética de las políticas propuestas por Bullrich.
