Presentada por Juan Grabois, el líder social y abogado, se acusa a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según Grabois, el Ministerio no está entregando alimentos en comedores barriales y comunitarios, lo que constituiría una violación de normativas destinadas a garantizar el acceso a la comida para aquellos en situaciones de extrema pobreza.
Grabois argumenta que, a pesar de un aumento en el monto de la Tarjeta Alimentar, el gobierno suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios en todo el país, una medida que, según él, duplica el impacto social de la Tarjeta Alimentar. Según sus alegaciones, esto no solo representa una inmoralidad sino también un delito.
El líder de Patria Grande destacó que existen 1,253 comedores y merenderos inscriptos en el país, alimentando a al menos cuatro millones de personas, en su mayoría niños y adolescentes. En sus declaraciones, Grabois criticó la decisión de ajustar la variable de alimentos y niños en lugar de abordar otras áreas.
La denuncia enfatiza la suspensión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que proveía alimentos y auditaba comedores comunitarios. Grabois sostiene que, a pesar de contar con fondos disponibles, la ejecución de este programa se ha detenido, constituyendo un acto inmoral e ilegal.
En sus comentarios públicos, Grabois subrayó que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, especialmente de los niños, no es una decisión discrecional, sino una obligación constitucional, una normativa internacional y una ley nacional. Concluyó expresando su esperanza de que la ministra Pettovello comprenda el impacto de sus decisiones y rectifique el rumbo para el bienestar de los más vulnerables.
