Según las precisiones obtenidas de fuentes oficiales por Infobae, el decreto se extiende a empleados transitorios y cualquier otra modalidad de contratación que culmine el 31 de diciembre de 2023 en organismos estatales como la ANSeS, el PAMI y la AFIP, entre otros. Además, el gobierno realizará una evaluación minuciosa de los trabajadores que han estado en funciones antes de 2023.
La normativa permite renovar contratos bajo circunstancias excepcionales, siempre que el titular de cada jurisdicción justifique de manera fundamentada la necesidad de la continuidad del empleado por un máximo de 90 días corridos. Este decreto se enmarca en la necesidad de revisar las contrataciones estatales debido a la reciente reorganización ministerial y el objetivo de optimizar recursos.
En consonancia con esta acción, el Gobierno también ha extendido, mediante el Decreto 77/2023, la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado hasta el 31 de marzo de 2024, prorrogando la medida impuesta por el Gobierno anterior en julio de 2022.
Estas decisiones se suman al paquete de proyectos de ley que el Gobierno de Milei planea presentar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Se espera que estas propuestas incluyan la congelación de sueldos para empleados públicos, e incluso se contempla la posibilidad de reducir los salarios de algunos de alto rango, en línea con su plan de ajuste y desregulación económica.
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