En un giro inesperado, el Ministerio de Seguridad de la Nación envió una carta a sindicatos, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT), intimándolos a abonar una suma cercana a los $40.500.000 en concepto de “pago solidario”. Este monto se refiere a los costos operativos asociados con el operativo del 27 de diciembre, que buscó controlar actos considerados ilegítimos para el mantenimiento del orden público.
La carta, enviada a los apoderados de los gremios, establece un plazo “perentorio” de diez días hábiles para realizar el pago una vez recibida. Esta medida responde a la posición previamente anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había declarado que “todos los costos del operativo se le enviarán la factura a las organizaciones. El Estado no pagará esos costos”.
El gobierno de Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich avanzan en su cruzada anti democrática. Esta es la Carta Documento que nos llegó a @sipreba como a otras organizaciones.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta. Al brutal ajuste se suma la represión pic.twitter.com/38C01JryBB
— Agu Lecchi (@AguLecchi) January 11, 2024
Los sindicatos y organizaciones sociales que recibieron la intimación incluyen a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), entre otros.
La CGT, por su parte, reaccionó con contundencia emitiendo un comunicado en el que califica la medida como “ilegítima y contraria a la Constitución Nacional”. Según la central obrera, esta acción del gobierno de Javier Milei representa “un nuevo intento” de “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva de toda la historia democrática de nuestro país”.
Este episodio intensifica el debate sobre el derecho a la manifestación y protesta de los trabajadores en el contexto de las recientes reformas laborales propuestas por el gobierno de Milei.
