En un movimiento estratégico, Javier Milei realiza ajustes significativos en el proyecto de la Ley Ómnibus, cediendo en temas cruciales para ganar apoyo. A pesar de mantener el aumento de retenciones al maíz, trigo y derivados de la soja, se evidencia una concesión al aceptar una nueva movilidad jubilatoria ajustada por inflación. Este cambio podría tener implicaciones fiscales considerables.
Las modificaciones propuestas por la Casa Rosada buscan asegurar la media sanción en Diputados, pero enfrentan tensiones políticas, especialmente en relación con los gobernadores que se oponen a los aumentos en las retenciones a productos clave como el maíz, trigo, carne y la industria.
Entre los ajustes destacados, se mantiene en 0% la alícuota de retenciones a las economías regionales, con excepción del vino que sufre un aumento al 8%. Además, se eliminan facultades del presidente para subir derechos de exportación. La derogación de la ley de azúcar, la exclusión de YPF de las privatizadas, y la limitación en la privatización de empresas públicas son parte de las concesiones.
La movilidad jubilatoria ajustada por inflación, a partir de abril, representa una concesión importante por parte de Milei, quien inicialmente prefería mantener la fórmula actual. Esto se suma a la reducción del plazo de las delegaciones legislativas a un año, con posibilidad de prórroga aprobada por el Congreso.
El ajuste en la Ley Ómnibus también implica eliminar reformas políticas, cambios en el Código Civil, y el traspaso de la justicia nacional. Además, se postergan modificaciones en la ley de salud mental, la ley de sociedades, y aspectos clave de la reforma electoral.
En el ámbito cultural, el Gobierno revierte decisiones que afectarían al INCAA y al Fondo Nacional de las Artes (FNA). Se destacan mejoras en el manejo del INAMU y el CONABIP, mientras que el Instituto del Teatro verá sus funciones absorbidas por la Secretaría de Cultura.
Estas modificaciones buscan equilibrar la aprobación del proyecto, pero la tensión persiste, especialmente con los gobernadores y sectores afectados por los aumentos de retenciones. La Ley Ómnibus sigue siendo el epicentro de un complejo juego político con implicaciones económicas significativas.
