La Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada el viernes 29 de diciembre, establece que la reelección presidencial indefinida no es reconocida como un derecho humano en Bolivia.
Esta sentencia implica que ni el presidente ni el vicepresidente del país, junto con senadores, diputados o las autoridades judiciales, pueden ejercer un mandato por más de dos veces, sea de manera consecutiva o intermitente.
Esta resolución pone fin a las aspiraciones de Evo Morales de presentarse en las elecciones presidenciales de 2025, generando una reacción crítica por parte del exmandatario, quien la calificó como una maniobra para “proscribir” a su partido.
En su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter), Morales expresó su descontento y acusó a algunos magistrados de complicidad con el gobierno en un supuesto plan de eliminación política.
La sentencia se basa en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2019 y revoca una sentencia previa del TCP emitida en 2017.
Todo este acontecimiento surge a raíz de un referéndum celebrado en febrero de 2016, en el que se buscaba aprobar o rechazar la modificación constitucional para permitir más periodos presidenciales. Con un 51,30 % de votos en contra, el proyecto fue rechazado, aunque Morales desconoció los resultados.
La decisión del TCP representa un punto de inflexión en la política boliviana, con distintas figuras de la oposición respaldando la sentencia como un límite a la ambición de Morales por prolongar su mandato. El expresidente, por su parte, ha manifestado su intención de tomar acciones conjuntas para defenderse de lo que considera un intento de proscripción de su movimiento.
El ambiente político en Bolivia se torna tenso, con advertencias de posibles manifestaciones por parte de los seguidores de Morales frente a la posible inhabilitación.
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