La negociación, precedida por maratonianas sesiones, destaca la clasificación de la IA según niveles de riesgo. La mayoría de los sistemas de IA se ubicarán en la categoría de “riesgo mínimo”, mientras que aquellos asociados a infraestructuras críticas o de alto riesgo deberán cumplir requisitos más estrictos, incluyendo medidas de mitigación y transparencia.
El acuerdo aborda aplicaciones prohibidas, tales como sistemas biométricos basados en datos sensibles o puntuaciones sociales basadas en comportamientos personales, subrayando su amenaza para los derechos ciudadanos y la democracia.
Uno de los puntos más debatidos fue el uso de sistemas de identificación biométrica, como el reconocimiento facial, que generó inquietudes sobre el control gubernamental y los derechos individuales. Se acordó su limitación en espacios públicos con autorización judicial y condiciones específicas para su empleo en tiempo real, especialmente en la búsqueda selectiva de criminales o la prevención de delitos graves.
La regulación también abarca modelos de IA generativa, estableciendo normativas adicionales para garantizar la transparencia y la gestión de riesgos en modelos de alto impacto.
En cuanto a los derechos de autor, se enfatiza la necesidad de cumplir con los requisitos de transparencia propuestos por el Parlamento, incluyendo la documentación técnica y la conformidad con las regulaciones de derechos de autor de la UE.
Esta ley, presentada hace casi tres años, promete impulsar la innovación en una IA segura, centrada en las personas y transparente, mientras garantiza la seguridad y los derechos de individuos y empresas.
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