Respecto a la ley de los 1000 Días, las modificaciones propuestas buscan cambios significativos. Se pretende incorporar el concepto de “niños desde la concepción”, eliminando así la inclusión de identidades de género disidentes. Además, se propone suprimir la capacitación obligatoria en género para la administración pública, contradiciendo los preceptos actuales.
En el capítulo referente a la Niñez y Familia, la propuesta busca alterar el enfoque de la ley 27.611, orientándose hacia el cuidado de las madres en situación de vulnerabilidad y los niños desde la concepción hasta los tres años. Esto genera un contraste con la ley vigente, que se centra en fortalecer el cuidado integral de la salud y vida de las mujeres y personas gestantes, además de sus hijos e hijas.
El concepto del “niño desde la concepción” choca directamente con la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, manteniendo la vigencia del derecho al aborto en ciertos casos. Además, al eliminar menciones a los compromisos internacionales adquiridos por Argentina en materia de derechos humanos, se genera un conflicto constitucional.
En la Ley Micaela, se propone cambiar la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en la función pública, centrándose únicamente en la temática de violencia familiar y contra la mujer. Esto contrasta con el enfoque actual, que aborda la capacitación en todas las áreas del Estado.
Es importante señalar que estas propuestas han generado debate debido a la eliminación de conceptos y enfoques existentes en las leyes, suscitando preocupación en distintos sectores sobre posibles retrocesos en materia de derechos y protección.