La Unión Cívica Radical (UCR) ha emitido un ultimátum dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, exigiendo la designación inmediata de los miembros de la comisión Bicameral por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este movimiento surge ante la demora en la conformación de dicha comisión, considerada un paso fundamental para el funcionamiento adecuado del proceso legislativo.
Los máximos referentes del partido, encabezados por Martín Lousteau, Inés Brizuela y Doria, y Luis Naidenoff, expresaron su preocupación por la dilación en la constitución de la comisión Bicameral. Según la UCR, esta demora no solo obstaculiza el tratamiento del DNU, sino que también cuestiona la validez de los decretos presidenciales en general.
Ante la persistente demora por parte de Martín Menem, la UCR ha advertido que tomará medidas legales para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional. La falta de conformación de la comisión Bicameral es considerada inadmisible. Tanto desde el punto de vista político como institucional, ya que afecta el equilibrio de poderes y socava el sistema republicano de gobierno.
El legislador riojano, al frente de la Cámara de Diputados, ha sido señalado como responsable de la demora en la creación de la comisión. Esta postergación ha generado especulaciones sobre las intenciones políticas detrás de la decisión de Menem y su posible impacto en el destino del DNU.
El DNU en cuestión aborda una amplia gama de temas legislativos, incluyendo reformas y desregulaciones económicas, lo que lo convierte en un punto de conflicto dentro del Congreso. La falta de una comisión Bicameral para su tratamiento podría anticipar un dictamen negativo, lo que afectaría significativamente su validez y ejecución.
Con su capacidad para influir en el cuórum tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la UCR se posiciona como un actor clave en el destino del DNU. Su postura en relación con este tema refleja las tensiones políticas dentro de la coalición gobernante y plantea interrogantes sobre el futuro del decreto presidencial en el ámbito parlamentario.
