En una mañana marcada por un importante despliegue policial y judicial, se realizaron siete allanamientos simultáneos en la localidad de La Leonesa. Fue el 8 de febrero con el objetivo de capturar a Jorge Florencio Bregui, un referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) acusado de abuso sexual. Bregui estuvo prófugo durante 12 horas antes de entregarse a las autoridades.
El fiscal de investigaciones N°13, Victor Recio, ordenó los allanamientos en busca del acusado, quien habría sometido a sus víctimas utilizando un palo de amasar. Aunque Bregui se entregó voluntariamente a la policía, los allanamientos permitieron secuestrar elementos relevantes para la investigación, como dos palos de amasar y tarjetas de débito.
El caso de Jorge Florencio Bregui revela una serie de irregularidades en el manejo de planes sociales y el poder otorgado a los dirigentes de organizaciones sociales. Las denuncias de abuso sexual por parte de las víctimas evidencian una falta de control y supervisión en la administración de estos programas.
A pesar de que las víctimas intentaron denunciar los abusos a través de un canal habilitado en el gobierno anterior, las acciones fueron insuficientes y no se tomaron medidas efectivas para investigar y prevenir estos delitos. El caso de Bregui se suma a una serie de escándalos que involucran a dirigentes sociales en abusos sexuales y corrupción.
El caso de Jorge Florencio Bregui pone en evidencia la conexión entre el poder político y las organizaciones sociales. Los fines se desvirtúan en medio de prácticas corruptas y abusivas. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo algunos dirigentes aprovechan su posición. Algunos se enriquecen y ejercen control sobre los beneficiarios de planes sociales.
El abuso de poder y la falta de supervisión han permitido que estos dirigentes actúen impunemente, sin rendir cuentas por sus acciones. Los casos de corrupción y abuso sexual revelan una red de complicidades que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad.
Las investigaciones sobre Jorge Florencio Bregui indican que las víctimas fueron objeto de explotación y abuso sexual, siendo ofrecidas a otras personas bajo coacción y amenazas. Estos hechos podrían derivar en una investigación por trata de personas, un delito de competencia federal.
El diputado provincial Iván Gyoker ha señalado que existen más víctimas y que el caso involucra a otros dirigentes sociales. Las denuncias de abuso y explotación revelan la necesidad de una acción urgente para proteger a las personas afectadas y garantizar que se haga justicia.
