Se podría anunciar este lunes. Es en el marco de la escalada conflictiva con los gobernadores y el retiro total de subsidios al transporte en el interior del país. Podría hacer lo mismo con el AMBA, lo que llevaría el precio del boleto a los $1500.
En principio la medida impactaría a los interjusdiccionales, que son las líneas que van desde diferentes puntos del conurbano hacia la capit al. Estas son concesionadas por el gobierno nacional. Empresarios del sector advirtieron sobre la inviabilidad de la medida.
Autoridades provinciales muestran preocupación y advierten sobre el aumento de la conflictividad social que implicaría la medida y no descartan judicializar para evitar el impacto en el bolsillo del ciudadano.
Esta preocupación se suma a la ya existente por la discusión paritaria con la UTA, el sindicato de los trabajadores del transporte urbano. El retraso en la actualización de fondos por parte del gobierno agrava la situación y ha motivado que las cinco cámaras del sector envíen una carta documento al ministro de Transporte, Luis Caputo.
Las cámaras transportistas ya advierten problemas para mantener las frecuencias actuales del servicio.Trazan un paralelismo con las líneas del interior del país, donde la eliminación total de subsidios ha hecho que la subsistencia del servicio sea “imposible” en numerosas localidades.
Actualmente, la Nación desembolsa “compensaciones tarifarias” para las líneas de colectivos que tienen al menos una cabecera en la Ciudad de Buenos Aires. Estas compensaciones abarcan a poco menos de la mitad de los usuarios del sistema. El resto de las líneas son subsidiadas por la Provincia de Buenos Aires.
La eliminación de los subsidios podría llevar a un aumento del precio del boleto, lo que afectaría a millones de usuarios. Las empresas transportistas podrían verse obligadas a reducir las frecuencias del servicio. Existe el riesgo de que se genere un conflicto social si no se encuentran soluciones a la problemática. La situación del transporte público en el AMBA es compleja y requiere de una pronta solución por parte del gobierno. La eliminación de los subsidios, las dificultades para mantener las frecuencias y el riesgo de un conflicto social son factores que generan incertidumbre y amenazan con afectar a millones de usuarios.
