El enfrentamiento entre Javier Milei y los gobernadores alcanza un nuevo nivel con el traspaso a Caputo, por decreto, de la supervisión de 29 fondos fiduciarios. Esta medida, que busca fiscalizar una suma astronómica de $1,7 billones, marca un hito en la tensa relación entre el gobierno central y las provincias.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, otorga al Ministerio de Economía el control de estos fondos, anteriormente administrados por el Banco Nación y BICE. Además, se realizará una auditoría exhaustiva en un plazo de 60 días para evaluar la gestión y determinar la conveniencia de continuar con cada fondo fiduciario.
La medida no solo busca garantizar la transparencia en el manejo de estos fondos, sino que también podría tener implicaciones fiscales y financieras significativas. Caputo adquiere así una herramienta clave para disciplinar a las provincias en las negociaciones pendientes, particularmente en relación con la ley Bases y el acuerdo fiscal.
El objetivo declarado es evitar el malgasto de los recursos y mejorar la transparencia en la administración de fondos públicos. Sin embargo, las provincias dependientes de estos fondos para obras públicas y subsidios expresan preocupación ante esta medida, que consideran una injerencia indebida en sus competencias.
El traspaso de control de fondos fiduciarios a Economía representa un paso significativo en la estrategia del gobierno central para fortalecer su posición frente a los gobernadores y mejorar las cuentas fiscales. Sin embargo, la medida genera controversia y plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en la relación entre el gobierno nacional y las provincias.
