La firma del Acta de Inicio del Memorándum de Entendimiento entre los ingenieros civiles que gestionan la hidrovía del Misisipi y la Administración General de Puertos (AGP) ha desencadenado una ola de preocupación en Argentina. Este acuerdo permite la ingerencia directa y la gestión por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la vía navegable más importante del país, lo que conlleva serias implicaciones sobre la soberanía y autonomía nacionales.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, participó en este evento junto a funcionarios locales, marcando así un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países. Sin embargo, la firma de este acuerdo en la vía navegable enciende serias alarmas, ya que en la práctica convierte al comercio internacional que transita por esta vía en un sistema de colonia tercermundista controlada por una potencia extranjera.
El gobierno de Milei argumenta que el tratado busca mejorar la eficiencia y transparencia en las operaciones portuarias, así como fortalecer los procesos administrativos para garantizar su adecuado funcionamiento. No obstante, la cesión de la gestión de esta vía estratégica a una fuerza armada extranjera plantea serios interrogantes sobre la capacidad del gobierno argentino para salvaguardar los intereses nacionales.
Es crucial destacar que la gestión de la hidrovía del río Misisipi, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, sirve como modelo para esta colaboración con Argentina. Sin embargo, es necesario reconocer que este acuerdo compromete la soberanía del país y sus capacidades de autogestión en un aspecto fundamental para su economía y comercio internacional.
Aunque se destaca la importancia de garantizar operaciones portuarias eficientes y transparentes, así como la necesidad de combatir actividades ilícitas en la vía navegable, no se puede pasar por alto el hecho de que este tratado pone en riesgo la autonomía y la seguridad nacional de Argentina.
La soberanía nacional no puede ser sacrificada en aras de intereses extranjeros, y es responsabilidad del gobierno argentino proteger los intereses y la dignidad del pueblo argentino en todas las instancias. Si así no lo hicieren que Dios la patria y el pueblo argentino se lo demanden.
